En las fuertes protestas registradas recientemente, se identificó la presencia de mineros no formales. En primer lugar, hay que distinguir dónde está ubicada la minería informal y la minería ilegal.
Los mineros artesanales en proceso de formalización, que básicamente están en el sur chico y en Arequipa, han tenido una participación importante a modo de protesta y demanda social, porque ellos tienen intereses concretos en cuanto a la formalización, registro en Reinfo, y una serie de demandas públicas. Sin duda, ellos han participado activamente en las protestas de la semana pasada.
La minería ilegal hay que diferenciarla de la de los artesanos y pequeños mineros en proceso de formalización. El 28% de las exportaciones auríferas del Perú esté en manos de mineros ilegales y que esto represente US$ 1,777 millones, es decir es más grande que lo que manejan los narcotraficantes, la tala ilegal o la trata de personas.
Puede tener tanto poder hasta el punto de convertirse en un Estado paralelo en las zonas más profundas del Perú rural.
Es la economía criminal más grande del Perú. Genera dinero ilícito, naturaliza la corrupción y amplía el control de mafia en sus rutas, ríos y cordilleras, controlando a la población y, lamentablemente, espacios geográficos.
Necesitamos un Acuerdo Nacional en el que todos los ciudadanos tengamos la voluntad firme de sacar a los mineros ilegales, empezando por los que están en áreas nacionales protegidas como Tambopata.
Un desafío para la gran minería es demostrar que puede contribuir no solo con más impuestos para el desarrollo nacional, sino que es capaz de participar articulando, siendo parte de un esfuerzo conjunto por lograr desarrollo territorial concreto. Por lo menos, en determinadas cuencas y provincias, dependiendo del enfoque de desarrollo que se asuma.
La gran minería no debe ver como competencia al pequeño minero y minero artesanal porque no compiten. La gran minería es otra producción. Aquí lo que tiene que hacerse es ayudar a su proceso de formalización, apoyar a que el Perú cuente con un sector de pequeña minería y minería artesanal fuerte, sostenible, limpio ambientalmente, fuera de vínculos de corrupción, y por supuesto con cumplimiento de los derechos humanos.
Actualmente estamos ante una situación en la que más allá de la protesta social nos encontramos con escenarios de vandalismo, convulsión social, atentados contra la policía, bloqueos de carreteras con todo lo que implica de daños para terceros, actos que se presume están siendo financiados en parte por la criminal minería ilegal y el Estado ha tenido que recurrir a los mecanismos que le permitan legalmente enfrentar la situación (Estado de Emergencia y la salida de las Fuerzas Armadas).
Reflexiones de Dante Vera, especialista en Mineria en entrevistado por al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP)
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