Contraloría Perú se reunió con representante del gobierno regional y municipales de Ica elegidas para el período 2023-2026 con la finalidad de compartirles información sobre el estado de las 29 obras públicas paralizadas y la situación de las 1500 inversiones del Estado en proceso en la región, así como temas relacionados a la Transferencia de Gestión, al control gubernamental y gestión pública.
Del total de obras paralizadas, 7 están a cargo del gobierno nacional, 8 del ámbito regional y 14 a cargo de los gobiernos locales, cuyo saldo de inversión asciende a más de S/ 60 millones.
Se puso énfasis en que se conozca, previa a la toma de funciones, la situación de las obras paralizadas y adopten las medidas necesarias para recuperar el control de estas, evaluando los expedientes técnicos y concretando su pronta conclusión, ya que muchas de ellas tienen un avance físico significativo y llevan años sin concluirse.
También se dio a conocer el estado de las inversiones públicas (obras y servicios) vigentes y aprobados en la región, que son 1500 a cargo del gobierno regional y local, y tienen un costo actualizado de S/ 3 806 millones. El devengado al 2021 de estas inversiones alcanza los S/ 616 millones.
Asimismo se expuso los resultados de los 299 informes de control emitidos por la entidad fiscalizadora en lo que va del 2022 en dicha región, de los cuales 3 corresponden a control previo, 213 a control simultáneo y 83 a control posterior.
Otro tema importante que se compartió en el encuentro es el relacionado a la presentación de los informes de Rendición de Cuentas y Transferencia de Gestión que deben cumplir las autoridades salientes con la finalidad de garantizar que las nuevas administraciones conozcan el estado en que recibirán el gobierno regional o local en sus jurisdicciones y asegurar la continuidad de las obras y servicios públicos en beneficio de la población.
También se exhortó a las nuevas autoridades electas de Ica a cumplir con la presentación de sus Declaraciones Juradas de Intereses (referidas a sus vínculos personales, familiares, económicos, laborales y financieros), y la de Ingresos, Bienes y Rentas, cuyo cumplimiento es obligatorio.
Además, se adelantó que en abril de 2023, la Contraloría realizará un operativo nacional en el que se revisará los legajos de los funcionarios en cargos de confianza, por lo que pidió a las autoridades electas considerar las disposiciones establecidas en la Ley N° 31419 a fin de cumplir con los perfiles de puesto en los cargos de libre nombramiento y remoción para garantizar la idoneidad en el ejercicio de la función pública.
Finalmente, señaló que en la Escuela Nacional de Control de la Contraloría se fortalecerán las capacidades de las autoridades electas, mediante programas de formación en temas de control gubernamental y gestión pública que se inician este mes de noviembre, por lo que convocó su participación.
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