Un alcance sobre los sindicatos en el Perú

Los Sindicatos, actor importante en el Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos, constituyen un medio efectivo para defender los derechos laborales en el sector público y privado, reconocido en nuestra Constitución

Lamentablemente su credibilidad ha venido descendiendo como lo sostiene una encuesta realizada por el Instituto de Opinión Pública de la PUCP, debido principalmente a que algunos gremios sindicales se esfuerzan en una exposición mediática continua o han contado con dirigentes mafiosos en sus filas o por las malas prácticas al reclamar (el Sindicato de Construcción Civil es el que más índice de violencia registra en sus protestas y el que menos credibilidad tiene ante la ciudadanía).

Otro ejemplo de la encuesta de la PUCP cita al SUTEP (sindicato del que proviene el presidente Castillo), ente que en lugar de presentar propuestas orientadas a mejorar las condiciones laborales, profesionales, económicas y sociales, sólo se han limitado a mostrar una posición ideológica partidaria de confrontación y retraso.

Esta encuesta también reflejó que se ha incrementado el número trabajadores en los sindicatos en el Perú a raíz de la situación de pandemia que reflejó la necesidad de afiliación y que ha significado un 50%.

En Ica se puede decir que se incrementado el número de sindicatos por empresa, principalmente en el sector Agro, (que esperamos no se politicen).

Hay que tener en cuenta que en el Perú para formar un sindicato en una empresa privada se requiere como mínimo 20 trabajadores afiliados y si uno se quiere afiliar por actividad económica se necesitan 50 afiliados.

Es deber de todo sindicato velar por los derechos de sus sindicalizados y buscar mejora a través de las negociaciones colectivas con sus empleadores. Como señala Juan Claudio Lechín, especialista en Sindicalismo, lo que deben entender las partes involucradas es que deben procurar llegar a acuerdos que signifiquen mejores condiciones para ambas y entender que si no hay empresa no hay trabajador y esta es la premisa que el Estado tiene la obligación también de considerar para garantizar los puestos de trabajo actuales y fomentar condiciones para un mejor clima de inversiones.

Hay que resaltar que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo viene sancionando a las entidades privadas donde se registren prácticas antisindicales, pero aquí el detalle es que viene haciendo para sancionar a las entidades públicas que vulneran los derechos laborales. Las sanciones y enmiendas deberían empezar por casa. La figura del CAS tan cuestionada, sigue siendo la más empleada en las contrataciones del Estado.

Teniendo en cuenta que nuestro país sólo cuenta con un 14% de empresas formales, cómo sería el caso con las informales, los sindicatos simplemente no existen en ese sector. El Estado debería primero ejecutar políticas de formalización realmente empáticas y efectivas o es que sólo los derechos se deben garantizar para los afortunados que estén insertos en el sector empresarial formal.